Un grupo de varios productores agropecuarios que llegaron desde Rosario, Rafaela y Sastre, se reunieron a metros de la Legislatura de la provincia de Santa Fe para entregar en la mesa de entrada del Senado propuestas para la reforma de Constitución provincial.
Los proyectos, que cuentan con alrededor de 300 adherentes, buscan proteger la propiedad privada y asegurar el equilibrio entre campo y ciudad.
El coordinador de los trabajos fue Bryan Mayer, ex candidato a convencional por el departamento Castellanos, quien explicó que «estaba trabajando en 14 proyectos de diversos temas» cuando Fernando Belinde y la Asociación de Productores Unidos le propusieron hacer algo en conjunto.
Al revisar los nombres del equipo redactor se distingue a Ma. Soledad Aramendi que, si bien trabajó a título personal, es presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Junto a ella se destaca el Ing. Agr. Guillermo Farbman.
Una zona muy golpeada por la legislación vigente y la interpretación de la misma es la de Sastre y Garibaldi, por ello no sorprende que Daniel Bernard, acompañado por Mariano Trossero y María Celia Baldo hayan trabajado en detalle con el resto del equipo. Sumaron fuerte acompañamiento de un nutrido grupo de productores y vecinos autoconvocados que tomaron el toro por las astas, como dicen en el campo.
Ejes Principales
“Parece que en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente», señaló Belinde quien además hizo hincapié en “el avance que los límites urbanos van teniendo hacia el sector rural y las implicancias que eso tiene para la producción”.
Por su parte, Bernard indicó que “la mala información que existe sobre la aplicación fitosanitaria genera un gran prejuicio que se traduce en políticas erradas que generan un gran daño sin que nos den herramientas para contrarrestarlo”. Además, todos coincidieron en que la inseguridad rural es uno de los grandes problemas que acechan el desarrollo productivo sin compromiso político de solución.
Los proyectos
En ese marco, unos de los cuatro proyectos se puede resumir en establecer “principios en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento territorial y ambiental y desarrollo sostenible; sostenibilidad económica, social y ambiental de las actividades productivas, garantizando la protección de la propiedad privada.”
El segundo, propone que no se pueda declarar zona urbana a toda aquella donde aún no se hubieran asegurado los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, reclaman un resarcimiento económico para todo actor privado que se vea afectado en su capital o producción por medidas del Estado, en cualquiera de sus niveles. También contiene un inciso para agilizar la reubicación de asentamientos irregulares.
Otro proyecto prohíbe la circulación en propiedad privada en lugares donde existan caminos públicos, excepto previa autorización o por tratarse de una situación de urgencia. Esto se debe a la gran cantidad de casos de intrusión denunciados en toda la provincia, que no guardan consecuencias contundentes.
Finalmente, los referentes y sus adherentes pidieron plasmar que los municipios y comunas no puedan arbitrariamente o subjetivamente, ni sin la participación de personal técnico o profesional llevar adelante restricciones a las diversas actividades económicas legalmente aceptadas; contra la propiedad privada ni contra el derecho al trabajo. También se plantea un resarcimiento en consecuencia, por el lucro cesante.
Esta iniciativa apunta especialmente contra los famosos “límites agronómicos” que, según indican, “son cada vez mayores por desconocimiento y sesgo ideológico”, y además generan pérdidas de trabajo, económicas, de consumo y recaudación, perdemos todos. Cuando la solución es el respeto y cumplimiento de las leyes y las buenas prácticas agronómicas.
Fuente: ADN 979