De esta manera, con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del titular de la cartera económica, Martín Guzmán, se establecieron los marcos legales y operativos con el censo que, en principio, debía realizarse en 2020, pero fue suspendido a causa de la pandemia del COVID-19.
En este marco, se instruyó “a los organismos nacionales a imprimir preferente despacho y trámite urgente a todo pedido de colaboración y movilización de recursos humanos y materiales”, que les fueran requeridos por el INDEC, el organismo encargado del registro poblacional.
En esta línea, la Jefatura de Gabinete le encargó al Ministerio de Economía “el ejercicio de las facultades y competencias” para “las contrataciones necesarias a los efectos del desarrollo de las actividades pre-censales, censales y post-censales”.
Por otro lado, en los considerandos, se puntualizó que si bien el censo debe realizarse con una periodicidad decenal, en los años terminados en “cero”, el último relevamiento debía realizarse en 2020, pero el Gobierno decidió postergarlo a casa de la cuarentena estricta por el Covid-19.
