El Gobierno pretende que los contratos agrícolas tengan una duración mínima de tres años

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– El Gobierno quiere intervenir en los arrendamientos agrícolas para evitar la gran cantidad de contratos que se realizan a solo una campaña de plazo. «No es bueno para la planificación», expresó el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y señaló que el Ministerio quiere actuar para que haya una rotación equilibrada de los cultivos.

De acuerdo con la ley 13.246 de 1948, el plazo de los contratos debe tener un mínimo de tres años, de acuerdo a lo fijado en su artículo cuarto. No obstante, el artículo 39° dice que quedan excluidos de las disposiciones de la ley los contratos que tengan un carácter accidental, a un año de plazo. Esto puede ser con una cosecha o dos, pero siempre dentro del año agrícola. La norma establece que si hay renovación entre las partes ese contrato accidental pasará a estar bajo las generales de la ley, es decir, un plazo mínimo de tres años.

«Veo un exceso de los contratos accidentales. Algo que es excepcional se hizo una regla y eso no es bueno para la planificación», expresó el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, en una reunión que convocó ayer a diferentes actores de la producción, según diversas fuentes que participaron de un encuentro en el que estuvieron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro, Aacrea y Aapresid. El Gobierno buscaría que la excepcionalidad de los contratos accidentales quede limitada a determinadas situaciones, como una crisis económica para un productor (una sequía, por ejemplo) que lo obliguen al contrato de un año de plazo.

Como los datos sobre la superficie que se siembra en alquiler varían según la fuente, Agricultura, en conjunto con la AFIP, realizará un relevamiento para determinar cuál es realmente el porcentaje que representa la producción en campos rentados sobre el total del país. Según diversas estimaciones, en la actualidad el 70% de la producción se realiza sobre campos alquilados. Se trata de casi 24 millones de hectáreas.

Con la irrupción de los pools de siembra hubo una dura disputa por el precio de los alquileres. En varias zonas, muchos productores quedaron fuera de competencia porque no podían igualar el valor de esos grupos. Sin embargo, el cierre de algunas de estas megaempresas y su retirada de cientos de miles de hectáreas en los últimos años quitaron presión al mercado.

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