– Son los que debieron ceder parte de sus tierras para la obra de saneamiento de la cuenca. El resto de los propietarios de campos de Córdoba y Buenos Aires -distritos también implicados en la construcción del complejo de escurrimiento hídrico- ya recibieron gran parte de los pagos. El problema para concretar el arribo de las partidas para los chacareros del sur del departamento General López que ya se muestran inquietos, está concentrado en el seno de la burocracia del gabinete del gobernador Bonfatti. Al menos así lo plantearon desde la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, repartición a cargo del ingeniero Edgardo Bortolozzi. Según documentación a la que pudo acceder punto biz, le contestó a los productores damnificados, que el Fondo de Infraestructura Hídrica -encargado de entregar las partidas- estaba atento a la aprobación provincial, llave necesaria para destrabar el dinero. Con tal panorama, desde el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe confirmaron las demoras y las adjudicaron a problemas puntuales. Para el caso particular de los propietarios de terrenos que son usados para los reservorios de la obra, es decir los sectores que actúan como depositaros temporarios de excedentes hídricos en forma de lagunas controladas, no se puede aplicar la ley de expropiación. Ya que como se trata de áreas que quedarán bajo agua solo cuando sea muy importante el nivel de escurrimiento, no queremos que pasen a ser tierras fiscales pasibles de ser intrusadas cuando no están anegadas, se justificó Daniel Alonso, coordinador de la Región Hídrica Sur dentro de la cartera que lidera Antonio Ciancio. La alternativa más adecuada para estas áreas sería la de contar con una ley de servidumbre de paso, que deja las hectáreas eventualmente inundadas en posesión de sus dueños originales, pero los compensa por los anegamientos futuros. Hasta no contar con una normativa vigente ese problema no se va a solucionar. El Ministerio trabajó en un proyecto que se estudió en comisiones legislativas, pero que todavía no está listo para ser debatido por los diputados y los senadores provinciales, explico Alonso. Los dueños de los campos bajo esta situación son 3 en total en Santa Fe y deberán esperar a los legisladores. El tema es más complejo para quienes debieron resignar sectores productivos para la construcción de los canales que aprovechan el declive y las zonas bajas de la cuenca y conducen el agua entre los reservorios hacia su destino natural, la laguna La Picasa. Como se trata de canalizaciones, allí si entra en juego la modalidad de expropiación. Los contratistas que realizaron los trabajos son los encargados de declarar a los gobiernos provinciales comprometidos en la cuenca los planos de mensura, que según tengo entendido a Santa Fe llegaron más tarde que a las otros dos distritos. Creo que se autorizó a Nación el pago a 2 propietarios, pero restan muchos más, confirmó el funcionario. Mientras Córdoba y Buenos Aires ya recibieron sus porciones de la obra terminadas, en Santa Fe se espera que los trabajos se concreten. Como es nuestra provincia la que contiene la laguna, es aquí donde tienen que estar finalizadas las estaciones de bombeo que permitirán extraer los excedentes de agua cuando la cuenca esté saturada para ser derivados al Atlántico a través de arroyos y ríos de la pampa húmeda. La alternativa norte construida con dinero santafesino está lista, el bombeo hacia el sur, a cargo de Nación tiene suspendido el obrador. No podemos recibir una obra que no se finalizó, supongo que esa realidad también demora la aprobación de la expropiación que emana desde el Poder Ejecutivo de Santa Fe y abre el grifo del Estado Nacional, remarcó Alonso. El saneamiento de la cuenca de La Picasa que abarca el sur de la bota y Córdoba y el noroeste de Buenos Aires es una deuda pendiente desde hace más de 10 años por los gobiernos de las 3 provincias que deben acordar con las autoridades nacionales, escenario que generó un sinnúmero de contratiempos que se extienden hasta el presente.
