El diputado provincial Leandro Busatto (FpV) reconoció presiones que demoran el tratamiento de la ley de agroquímicos «Los intereses en juego los puedo decir con nombre y apellidos: senadores y diputados que tienen campos o empresas vinculadas a los agroquímicos», disparó el diputado provincial Leandro Busatto (FpV) ante un grupo de vecinos autoconvocados de Sastre, San Jorge y María Juana mientras le entregaban un petitorio para solicitar que la comisión de Salud de la Cámara baja emita un dictamen favorable para acelerar el proceso de sanción del proyecto de ley que aleja las fumigaciones de las zonas pobladas.
El proyecto, que también incluye la prohibición de aplicaciones aéreas de agroquímicos, paradójicamente hace más de un año que espera tratamiento en la comisión de Salud, después de haber perdido estado parlamentario en tres períodos ordinarios de sesiones.
«Es incomprensible que la primera comisión, precisamente la de Salud, que usted (Busatto) integra no haya todavía emitido un dictamen, indudablemente favorable, de sólo advertir que la salud de la población se vería favorecida con la aprobación de este proyecto que aleja a las fumigaciones de las personas 1.500 metros», entre otras medidas precautorias, expresaron los vecinos en el documento.
Los autoconvocados —que interceptaron al diputado mientras realizaba una recorrida por la ciudad de San Jorge— consideraron inexplicable que la comisión de Salud «haya convocado a jornadas de debate como si la salud pudiera debatirse o, peor aún, ser moneda de cambio para promediarla con quintales de soja o maíz».
El petitorio también resalta que los índices de cáncer siguen creciendo y que la Organización Mundial de la Salud clasificó oficialmente como «probable cancerígeno humano» al glifosato, el principal agroquímico utilizado por el modelo agrario actual.
Resolución de la Corte
Además, expresaron que «debería tenerse en cuenta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que expresó que «ante la duda en la interpretación de una norma debe prevalecer aquella que privilegie los intereses de la sociedad, esto es, la defensa del ambiente y la salud, cobrando este principio vital importancia frente a la posible falta de certeza sobre los efectos que puede producir en la salud humana ya que que su fundamento radica en la precaución, como método de evitar posibles consecuencias dañosas».
Dicha resolución también sostiene que «comparando los intereses en juego, no puede caber duda alguna de que el interés público comprometido en la protección de la salud y el medio ambiente debe prevalecer por sobre los intereses individuales invocados y aún sobre intereses productivos, aún cuando no se tenga certeza de que su uso pueda producir daño a los intereses públicos invocados».
Tras preguntarse «qué tiene para debatir la comisión de Salud», los vecinos dijeron «estar forzados» a concluir que «el objetivo de tales jornadas de debate sólo pueden obedecer a presiones de las cámaras empresariales tendientes a obstruir o dilatar el tratamiento» del proyecto de ley para que éste pierda estado parlamentario. Ante esta aseveración, el diputado justicialista reconoció que dentro de la Legislatura hay «senadores y diputados que tienen campos o empresas vinculadas a los agroquímicos» y que los «intereses en juego los puedo decir con nombre y apellido».
Para los firmantes del documento, «el macabro conteo de víctimas, muchas de ellas mortales, no puede seguir siendo ignorado por nuestros representantes». Y en este contexto, exhortaron a los representantes de la Cámara baja a «revisar su postura y promover con premura el caso sin más demoras ni pretextos. La historia puede ser implacable con quienes hoy se muestren indiferentes ante esta catástrofe ambiental y sanitaria», finalizaron.
Fuente: www.lacapital.com.ar
