En el inicio del 2018 el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, le sacó punta al lápiz y le marcó la cancha a la Legislatura provincial con 13 vetos a proyectos de ley sancionados de manera exprés dentro de un paquete de normas, en la sesión del 30 de noviembre pasado.
Ese día se aprobaron alrededor de 60 leyes en la Legislatura santafesina. Los proyectos se trataron sobre tablas, sin dictámenes de comisión, y así se sancionaron para ser elevados luego al poder Ejecutivo. Ese apuro fue consecuencia de acuerdos políticos en la legislatura entre los representantes de las distintas bancas en ambas cámaras.
Pero la celeridad y las urgencias de diputados y senadores no necesariamente son las del gobierno provincial, sobre todo cuando se trata de disponer o resignar recursos. Y fue por eso que el gobernador, tras una lectura exhaustiva de cada uno de los proyectos de ley sancionados con su gabinete, fue vetando las iniciativas que consideraban inadecuadas o con detalles por ajustar.
En la serie de iniciativas rechazadas por el mandatario (de manera total o parcial) hay proyectos de todo tipo: desde la creación de tres escuelas, a la reglamentación y el contralor de la equinoterapia en la provincia, pasando por una modificación a la ley de adopción, para acelerar ese procedimiento. Y algunos dan cuenta del estado de cosas dentro del partido de gobierno provincial, el socialismo.
Hay que destacar lo que no fue vetada una de las leyes más polémicas sancionadas el año pasado: es la que dispuso un cambió en la orgánica del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Vale recordar que con la nueva normativa, la Legislatura puede remover defensores y fiscales.
Para muchos, esa ley implica terminar con el espíritu original que condujo a la reforma judicial en la provincia.
Los motivos
Acoso escolar: También el 28 de diciembre y publicado en enero como los anteriores, el gobernador junto con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, firmaron el veto parcial a un proyecto de ley impulsado por la senadora peronista Cristina Berra (San Martín) para erradicar el acoso escolar que proponía al Ministerio de Educación como autoridad de aplicación de la norma y la incorporación en la currícula de los institutos de formación docente, una materia sobre acoso. El texto impulsado por Berra y sancionado en la Legislatura fue analizado por la Dirección Provincial de Desarrollo Curricular y Relaciones Académicas del Ministerio de Educación, que concluyó que resulta «ambiguo» crear una materia específica sobre acoso, cuando en realidad ese tema debe atravesar la currícula en general, aunque advierte que «no es el diseño curricular el garante de la buena formación docente sino que son las condiciones institucionales, en sentido amplio, las que permiten una buena formación inicial».
Equinoterapia: La senadora Berra fue autora de otro proyecto, sancionado por la Legislatura, que no pasó el filtro del Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que buscaba «regular la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas» y que Iapos la incluya en sus prestaciones. En este caso se trató de un veto parcial pero muy significativo, ya que en total son 11 los artículos rechazados y sobre los cuales se proponen modificaciones que serán giradas a la Legislatura. El decreto de veto, que lleva la firma de Lifschitz y Farías, señala que «actualmente no existe evidencia científica suficiente que indique que la llamada equinoterapia comporte una terapia eficaz para el tratamiento de discapacidades». De todos modos, «se considera acertado establecer una reglamentación y control sobre la misma y, en tal sentido, resulta más atinado determinar un órgano de control –y no de aplicación–, el que no debe estar en cabeza únicamente del Ministerio de Salud, debiendo intervenir otras jurisdicciones, tales como los ministerios de Producción, Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Trabajo y Seguridad Social, entre otros». El gobierno considera que la equinoterapia «debe entenderse como complementario de otros tratamientos, sin ser sustitutivo de los mismos» y que «en tal orientación, se entiende oportuno establecer que el Ministerio de Salud determine, en base a la evidencia científica que dé cuenta de la efectividad de la actividad ecuestre en el tratamiento de las personas con discapacidad, su incorporación como prestación, tanto en el sector público de salud, como en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y las cajas profesionales que desarrollen actividades en la provincia». Es decir, no cierra la puerta a que Iapos incluya esta prestación, pero antes exige evidencia científica.
