El gobierno chileno quiere cárcel para quienes tomen colegios – Fuerte rechazo de los estudiantes y la oposición. En tanto, un informe reveló abusos policiales. Tras cinco meses de manifestaciones y tomas de colegios en reclamo de una profunda reforma educativa en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para sancionar con penas de hasta tres años de cárcel a quienes ocupen escuelas o provoquen disturbios callejeros. La iniciativa desató de inmediato la furia de los dirigentes estudiantiles y de la oposición.
La propuesta enviada al Parlamento modifica algunos artículos del Código Penal y convierte en delitos las tomas de recintos fiscales o privados, el saqueo de comercios y la interrupción del tránsito o de servicios públicos. También endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones. Las penas posibles van desde 541 días hasta tres años de prisión informó el diario La Tercera .
La ley también permite al gobierno exigir a los canales de TV las imágenes de las coberturas de las protestas para poder identificar a quienes chocan con la policía.
«Ya no va a ser gratis atentar contra el orden público, ya no va a ser solamente un control de identidad y al día siguiente todo sigue igual. El que atente contra el orden público, contra Carabineros y la policía de Investigaciones, contra la tranquilidad de los ciudadanos, la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura, firme, que va a imponer los castigos que corresponden», declaró Piñera el domingo al presentar el proyecto.
Ayer, el presidente volvió a hablar del tema: «Los países no avanzan en medio de violencia, tomas, bombas molotov o atentados permanentes a nuestras instituciones, a la propiedad pública y a la propiedad privada».
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a su vez, justificó: «La gran mayoría de los chilenos nos pide como gobierno que tengamos una actitud de firmeza».
El anuncio, días antes de que se instale la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes, prevista para mañana, irritó a los líderes de colegios secundarios y universidades que reclaman educación gratuita y de calidad.
Giorgio Jackson, presidente de los alumnos de la Universidad Católica y vocero del movimiento estudiantil, dijo que la mayoría de las ocupaciones de universidades han sido pacíficas y opinó que la pena de cárcel «es un despropósito «. La medida «responde solamente a la lógica de mirar el síntoma y no revisar la enfermedad», denunció.
El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Alfredo Vielma, dijo por su parte al diario chileno La Nación que no descartan pedir que el gobierno se retracte de esta iniciativa antes de la reunión de mañana con el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
En este marco, un informe sobre derechos humanos en Chile difundido ayer reveló la criminalización de la protesta social y el incumplimiento del respeto de los derechos fundamentales durante las movilizaciones impulsadas desde mayo por los estudiantes.
La protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad que se consolidan como una tendencia en la sociedad chilena, sostuvo el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, de la Universidad Diego Portales.
«A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta», denunció el informe.
La oposición se sumó a las críticas al gobierno. El senador de Democracia Cristiana Jorge Pizarro consideró «bastante absurdo» ahondar «en la vía represiva en vez de buscar las causas que generan las movilizaciones» de los estudiantes. «Es el reflejo de la visión autoritaria del gobierno», dijo.
El diputado Pepe Auth, jefe de la bancada parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD), aseguró que se trata de «una señal más de la incomprensión del gobierno de lo que ocurre en la sociedad».
También algunos jueces, que han sido criticados por Piñera por dejar en libertad a manifestantes detenidos en las protestas, alzaron su voz contra la propuesta. El líder regional de los jueces, José Delgado, opinó que hacer cambios al Código Penal «es apuntar mal al problema, que es la prevención del delito y no a la reacción penal».
